SEGURIDAD JURÍDICA

Algunos discursos son bonitos y contundentes en la argumentación pero desconexos con la actitud lógica y consecuente de una posición anterior.

La seguridad jurídica es algo indispensable para la prosperidad de las naciones y también para el bienestar de las personas y todo su sistema político administrativo.

En España la seguridad jurídica es un principio constitucional y lleva implícito en la norma la previsibilidad de su aplicación. Es lo que se escribe y también lo que dicen los gobernantes, pero no es lo que sostienen. Tenemos una enorme deuda, vale. Habrá que pagarla, vale. Pero jamás existiría deuda sin que hubiera acreedor dispuesto a tirar ventaja de la deuda. Luego, el deudor y el acreedor son instrumentos de un negocio con ánimo recíproco de sacar ventaja a esa relación comercial. Ambos son responsables por las consecuencias del negocio. Si cualquiera de las partes engaña a la otra, se hace claro que la parte perjudicada debe recurrir a los instrumentos de la seguridad jurídica para que se restablezca la paz entre los agentes de la relación comercial.

No es prudente que se ejercite el poder con tanta acción restrictiva, dolorosa, muy crítica, muy exigente y declaradamente inevitable en el cumplimiento del déficit contenido en 5,3% del PIB, del año del cual ya comimos un tercio de los doce meses que limitan el tiempo de tan agobiado intervalo.

El gobierno, desde la investidura en diciembre pasado, vive obstinado por el control del déficit. Solo ve déficit en el horizonte y corre a su encuentro para echarle bozal. Tiene un plan para dominar el potro, pero este es salvaje, indomable y sabe trotar en paso conveniente a su voluntad de corredor libre, sin riendas o con ellas sueltas.

El domador se enerva con facilidad cuando ve sus objetivos frustrados. Maneja el látigo para retallar las inversiones públicas y cansar el bruto por sed de euro. La fiera autonómica se enfurece por los números rojos y simula deseo de contener el impulso de renovar su alegría con gastos crecientes. Los gastos son reducidos en un extremo y aumentan en el otro, en el de necesidades inmediatas, para la seguridad social, para el servicio público de empleo, para acciones de pretensa seguridad jurídica de empresas privadas, para viajes al exterior, para pagar más intereses por la deuda que se renueva en niveles más altos y al gusto del acreedor; en suma, para producir más cañón y sacar más rédito a las ganancias en el seno de la economía privada.

Con tanto embrujo degenerativo, los sueldos congelados serán comprimidos delante de la inflación, que se prevé, se calcula y se determinan con hechos de voluntad política para que ella progrese en su escalada hacia las nubes.

La seguridad jurídica, moderadamente estable en los años de la monarquía parlamentar, muestra su cara asimétrica al ser doblegada por el eje divisorio de las dos grandes castas: la grande pequeña superior y la enorme clase inferior. La primera, soberbiada por la dirección del trabajo y beneficios que del trabajo derivan, fustiga la segunda, atrofiada por la ausencia de actividad laboral y la desgracia que el paro produce, con el corte de derechos laborales.

La reforma laboral rompe la seguridad jurídica de la clase obrera y blinda la seguridad de la empresa privada al poner toda la nación a sus pies. Es la seguridad anónima oficialmente global,  que se impone sobre la inseguridad que acomete el paisano con nombre bien definido y residencia amenazada por el asedio de una hipoteca malvada.