190 millones y con esta cantidad ya está resuelto un negocio entre hermanos. Por cierto un negocio de separación, un ejercicio promocional de divorcio, tramado de hecho y derecho con vistas a un futuro de insidia, de acción competitiva para expansión de lindes fronterizos, para luchas parricidas por incomprensión de la lengua, por derechos y deberes religiosos, por el ansia que produce el capricho infantil de liarse a ostias con todo el mundo.
Con tanto gobiernos autónomos parece imposible mantener gallardamente en pie un principio de solidaridad capaz de garantizar la equidad en las prestaciones de servicios públicos. Para algunos gobernantes, ante el dilema de llevar bienestar a sus gobernados o enriquecer sus particulares familias, será obvia la decisión más recomendada: cada uno por sí y Dios por todos. Los abundantes ejemplos históricos que no recomiendan tal premisa son convenientemente olvidados e inteligentemente ignorados en ejercicios de fe pública y fervor religioso.
España no es territorialmente tan grande para precisar tantos gobiernos y tantos parlamentos y tantos consejos provinciales y tantos consejos municipales y tantas manos de vaca dispuestos a pisotear el prójimo operario, aquel que produce riquezas y vive ansioso por amenazas de perder autonomía en su trabajo, su empleo y con él su casa, su familia, su vida.
Cuando el Estado abandona, por reticencias políticas, su papel de gestor y garante del bienestar social de la comunidad que la constituye, realiza el primer paso hacia la falencia institucional, pues ninguna otra razón justifica que un gobierno apático y apátrida reciba al medio ciento por ciento de todo el esfuerzo productivo de personas que sin retribución se resentirán vasallas.
Ese Fondo, propuesto por Feijóo, de 100 millones para los cuatrocientos mil emigrantes gallegos será un fondo sin fundo por el que se diluirán recursos financieros que nunca llegarán al bolsillo de los emigrantes gallegos. Ciertamente servirán para cubrir gastos de propaganda para exigirles ayudas por cuenta de la morriña galaica e insolidaridad de los ricos catalanes e invasores piscícolas.
En este momento, por la boca del gobernante no expresamos coherencia en la inteligencia por interés social. Nos quejamos de envejecimiento cuando el envejecimiento debería ser orgullo. Lamentamos la dispersión y creamos impuestos locales por cuenta de urbanización. Lloramos la pérdida de población y obligamos nuestros jóvenes a buscar trabajo en el exterior; peor, cuando regresan, dificultamos con todos los medios posibles su permanencia en Galicia.
Profundicemos en el análisis de mérito y en las consecuencias que de entrelineas se deriva del documento previo de la futura ley que hoy se discute en Madrid. Hagamos análisis de costo/beneficio, exenta de sentimientos tacaños e ilusoria satisfacción que algunos euros producen en el alma partidaria de nuestro gestor.
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